El país de los recursos y el modelo de la dependencia.
03/09/2026 17:56:36
Por Ramiro Gambetta.
Hay discusiones que parecen jurídicas, económicas o administrativas, pero que en realidad esconden una cuestión mucho más profunda: quién tendrá la capacidad de decidir sobre la riqueza argentina durante las próximas generaciones.
Hay discusiones que parecen jurídicas, económicas o administrativas, pero que en realidad esconden una cuestión mucho más profunda: quién tendrá la capacidad de decidir sobre la riqueza argentina durante las próximas generaciones.
La discusión sobre la propiedad privada. La discusión sobre la tierra. La discusión sobre las inversiones extranjeras. La discusión sobre el petróleo, el gas, el litio, los minerales, el agua y las vías por las que nuestra producción llega al mundo. Presentadas por separado, pueden parecer cuestiones diferentes. Observadas en conjunto, forman parte de una discusión mucho mayor sobre el modelo de país que quieren construir.
Y esa discusión merece ser planteada ahora, cuando el Gobierno Nacional impulsa modificaciones a la legislación sobre propiedad privada y tierras rurales, mientras profundiza al mismo tiempo un esquema de incentivos extraordinarios para grandes inversiones.
Antes de analizar esas medidas, hay algo que debemos recordar. Estamos hablando de Argentina, es el octavo país más grande del mundo y tiene aproximadamente 47 millones de habitantes. Posee una extraordinaria capacidad para producir alimentos y proteínas, importantes reservas de agua dulce, petróleo y gas, minerales estratégicos, tierras productivas y una ubicación geopolítica cuya importancia será cada vez mayor en un mundo que necesita alimentos, energía, agua y minerales críticos. Argentina tiene algo que el mundo necesita, y tiene mucho.
Por eso la discusión sobre las inversiones no puede plantearse desde la idea de que debemos aceptar cualquier condición simplemente porque necesitamos capital. La inversión debe ser un instrumento del desarrollo nacional, y no el desarrollo nacional un instrumento para garantizar la rentabilidad de la inversión.
En este contexto debe analizarse el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, particularmente, las modificaciones que plantea sobre el régimen de tierras rurales.
La legislación vigente establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas un límite general del 15% a nivel nacional, además de restricciones vinculadas a determinadas jurisdicciones y zonas.
Modificar ese esquema no es un asunto menor. La tierra tiene una particularidad que ningún activo financiero posee: es finita.
Por eso la propiedad de grandes extensiones de territorio tiene una dimensión que excede la relación económica entre comprador y vendedor. Cuando están involucradas zonas productivas, áreas fronterizas o territorios vinculados con recursos estratégicos, aparece inevitablemente una cuestión de interés nacional. Tampoco estamos frente a una excepcionalidad argentina.
Brasil mantiene restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Australia cuenta con mecanismos de revisión para determinadas inversiones extranjeras sobre tierras agrícolas. Estados Unidos posee mecanismos federales de declaración y control de inversiones extranjeras en tierras agrícolas y, además, distintos estados aplican restricciones particulares.
Los países no necesariamente rechazarán la inversión extranjera para preservar su territorio. Establecen condiciones para que el capital no determine por sí mismo aquello que considera estratégico. Argentina debería hacer lo mismo.
Esta discusión tampoco comenzó ahora. La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 124 y reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. El federalismo es parte esencial de nuestra organización nacional. Las provincias deben participar de las decisiones y beneficios vinculados con sus recursos. Pero reconocer el dominio provincial no debería significar perder una estrategia nacional. El petróleo puede estar debajo del suelo de una provincia, pero su importancia energética es nacional. El litio puede encontrarse en el norte, pero su importancia industrial y geopolítica excede cualquier límite provincial. El gas, los minerales, el agua y otros recursos naturales pueden encontrarse en territorios determinados, pero sus consecuencias económicas y estratégicas alcanzan al conjunto de la República.
Los recursos pueden encontrarse en una provincia y, al mismo tiempo, pertenecer al futuro de toda la Nación. El problema aparece cuando una provincia debe negociar por sí sola con empresas multinacionales que poseen capitales, tecnología y capacidad operativa muy superiores a las de cualquier Estado provincial. Muchas provincias tienen presupuestos limitados y necesidades sociales urgentes. Deben atender hospitales, escuelas, caminos, viviendas, infraestructura y conectividad.
Frente a ellas se encuentran empresas capaces de movilizar inversiones de millas de millones de dólares, con tecnología especializada y experiencia internacional.
Las provincias deben tener protagonismo y recibir los beneficios de sus recursos. Pero la Nación también debe tener una estrategia sobre aquello que pueda determinar su futuro energético, productivo e industrial, que hoy no la tiene.
No necesitamos menos federalismo. Necesitamos un federalismo integrado en un proyecto nacional.
Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida. El Gobierno Nacional suele presentar a Estados Unidos como uno de los principales ejemplos del capitalismo moderno y, a partir de allí, reivindica la reducción del Estado y la desregulación como condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo.
Sin embargo, existe una diferencia entre la imagen ideológica del capitalismo estadounidense y la forma concreta en que funciona la principal potencia económica del mundo. Estados Unidos no construyó su poder económico sobre la ausencia del Estado.
Lo construido, entre otras cosas, sobre instituciones públicas fuertes, infraestructura desarrollada durante décadas, protección de sectores estratégicos y una enorme capacidad estatal para intervenir cuando están en juego sus intereses nacionales.
Uno de los mejores ejemplos se encuentra en la cuenca del río Mississippi. El Mississippi constituye una de las principales arterias comerciales de Estados Unidos. Por allí circula una parte fundamental de la producción agrícola e industrial del país. Su navegabilidad, sus esclusas, sus canales, sus obras de control de inundaciones y buena parte de la infraestructura asociada requieren planificación, inversión y coordinación estatal.
Una institución central en esa tarea es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el US Army Corps of Engineers, que participa desde hace décadas en la gestión de la navegación, el control de inundaciones y el desarrollo y mantenimiento de infraestructura hidráulica. No es el mercado libre, por sí solo, el que mantiene funcionando esa arteria económica, es el Estado.
El Estado estadounidense interviene porque entiende que el funcionamiento de una vía estratégica de transporte tiene consecuencias sobre su producción, sus exportaciones, su seguridad alimentaria y su poder económico. Ese es el verdadero capitalismo norteamericano.
El Estado estratégico. Y entonces aparece la Hidrovía, concedida recientemente por el Gobierno de Javier Milei por otros 25 años, nuevamente generando dependencia de nuestro comercio exterior y por donde sale parte de nuestra riqueza. La comparación resulta inevitable cuando miramos hacia nuestro propio territorio.
Porque la infraestructura que permite sacar nuestra producción al mundo tiene una incidencia directa sobre nuestra capacidad exportadora y, por lo tanto, sobre una parte sustancial de nuestra economía.
Estados Unidos no considera que toda intervención estatal constituya un ataque contra la libertad económica. Cuando considere que algo es estratégico, construya instituciones para protegerlo.
Ese es justamente el punto que deberíamos aprender, el cipayismo del gobierno no aplica las medidas que su país ejemplo realiza, generando aún más dependencia y un modelo económico y social donde queda el 50 por ciento de los argentinos fuera del sistema.
En este contexto aparece el RIGI. Su fundamento central es conocido: generar condiciones especiales para atraer grandes inversiones que permitan aumentar la producción, las exportaciones, el empleo y el ingreso de divisas. El objetivo de atraer inversiones es legítimo, lo que debe discutirse son las condiciones.
Porque una inversión que instala una industria, desarrolla proveedores argentinos, incorpora tecnología, genera conocimiento y construye una cadena de valor nacional. Ahora bien, es sustancialmente diferente de una inversión cuyo principal objetivo consiste en extraer recursos naturales para exportarlos con el menor nivel posible de transformación.
Extraer no es industrializar. Exportar recursos no es agregar valor. Generar empleo no es, por sí solo, construir un proyecto nacional. La Argentina corre el riesgo de convertirse en aquello que el mundo necesita que sea: un gran proveedor de materias primas.
Si Argentina no potencia su industria, no generará empleo para todos.
Llegados a este punto, sería ingenioso analizar cada una de estas decisiones como si fueran hechos independientes.
Una modificación del régimen de tierras por un lado. Un régimen extraordinario de incentivos a grandes inversiones por otro. La discusión sobre la explotación de nuestros recursos naturales. Las condiciones de acceso al territorio. La administración de las grandes vías de salida de nuestra producción. Cada medida puede tener su propia explicación técnica.
Pero cuando todas avanzan en una misma dirección, resulta legítimo analizar el conjunto.
Y lo que aparece es una orientación definida: facilitar el ingreso y la expansión de grandes capitales sobre sectores estratégicos de la economía argentina, reduciendo progresivamente las herramientas con las que el Estado puede condicionar ese proceso. No hace falta conspiraciones imaginarias para advertirlo. Alcanza con observar las políticas, sus beneficiarios y el sentido en el que se modifican las reglas.
La extranjerización no ocurre de un día para otro. Se construye mediante decisiones sucesivas que, tomadas individualmente, pueden parecer pequeñas o justificables, pero que juntas producen una transformación profunda en la estructura económica y en la capacidad de decisión del país.
Por eso puede hablarse de un esquema planificado de extranjerización: no necesariamente porque existe un documento secreto donde esté escrito el futuro de la Argentina, sino porque existe una orientación política deliberada que modifica las condiciones para que el capital concentrado tenga cada vez mayor capacidad de acceder a nuestra tierra, nuestros recursos y nuestras actividades estratégicas.
Ningún país serio debería permitir que sus recursos estratégicos queden determinados exclusivamente por la lógica de quienes poseen mayor capacidad financiera. Una forma silenciosa de perder soberanía. El problema de la soberanía no siempre aparece de manera visible.
Sin embargo, hay una sociedad que todavía puede poner límites. El proyecto de modificación del régimen de tierras encontró un amplio rechazo en distintos sectores de la sociedad argentina y no logró avanzar de la manera pretendida por sus impulsores. Ese hecho también merece ser leído políticamente.
Demuestra que todavía existe una sociedad capaz de reconocer que determinadas discusiones exceden las diferencias partidarias. La defensa del territorio, de los recursos naturales y de la capacidad de decidir sobre nuestro propio patrimonio no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede haber distintas posiciones sobre la economía, sobre el rol del Estado o sobre el modo de relacionarnos con el mundo. Pero existen cuestiones que deben reunirnos, la defensa de nuestra argentina.
Por eso el rechazo social a estas modificaciones no debería ser interpretado simplemente como una dificultad circunstancial para una iniciativa del Gobierno. Debe entenderse como una señal. Hay límites que una sociedad no está dispuesta a cruzar.
Y mientras existe una sociedad capaz de defender su territorio, sus recursos y su capacidad de decidir, todavía existe la posibilidad de discutir otro modelo, un modelo argentino.
Uno que no rechace al mundo, pero que tampoco renuncie a la Nación.
Uno que entienda que la verdadera riqueza no consiste solamente en extraer recursos, sino en convertirlos en desarrollo nacional.
El mundo está entrando en una etapa en la que los alimentos, la energía, el agua y los minerales estratégicos tendrán un valor geopolítico cada vez mayor. Eso deberíamos colocarnos en una posición de fortaleza.
Significa comprender que una generación de argentinos no puede disponer irresponsablemente de aquello que pertenece también a quienes todavía no nacieron.
La Argentina no necesita cerrar sus puertas. Necesita conservar las llaves.
